El Gobierno valenciano no permitirá a Sánchez usar el puerto de Valencia para ‘atar’ su investidura

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón no permitirá al actual presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez usar el puerto de Valencia como «moneda de cambio» con los independentistas catalanes para facilitar su investidura.

Así, lo ha advertido muy seriamente este martes la consejera portavoz del Ejecutivo valenciano de PP y Vox, Ruth Merino, en una declaración de intenciones que tiene un calado más profundo, y que ha sintetizando muy claramente el síndico del PP en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina: «Queda claro que el objetivo del separatismo catalán es que por el puerto de Barcelona salgan y entren todas mercancías, ninguneando al puerto de Valencia».

Las manifestaciones de Ruth Merino se han producido casi a la vez que las de la alcaldesa de Valencia, la también popular María José Catalá, también sobre el puerto de Valencia. María José Catalá ha garantizado el apoyo de todo el PP valenciano y de Feijóo a la ampliación.

Lo que el Ejecutivo valenciano defiende con la decisión hecha pública por Ruth Merino es la supervivencia de todo el modelo económico, social y productivo del la Comunidad Valenciana. Y ello, porque el Puerto de Valencia es una infraestructura esencial no sólo para la capital de la Comunidad Valenciana, sino para todo el territorio.

De hecho, recientemente, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) Salvador Navarro, ya dejó claro que «los problemas del puerto de Valencia son también los problemas de la gente de Alicante».

La ampliación del Puerto de Valencia está aprobada por el Consejo de Administración con los correspondientes informes del Ministerio y de los técnicos de puertos del Estado. Pero, falta la autorización por parte del Consejo de Ministros para aprobar una inversión que alcanza los 500 millones de euros.

Esa aprobación del Consejo de Ministros no se ha producido ni durante la legislatura que terminó con la convocatoria de las elecciones generales de este el 23 de julio, ni puede producirse con el actual Ejecutivo en funciones.

En estas circunstancias, lo que preocupa tanto al Gobierno valenciano como a los empresarios es que se produzcan movimientos políticos del independentismo catalán, que bloqueen la autorización del Gobierno de España, porque lo que está en juego es hegemonía del Mediterráneo que ahora corresponde al Puerto de Valencia. Una infraestructura que genera en su entorno cerca de 50.000 puestos de trabajo y que si no ejecuta su ampliación cederá el testigo a otro puerto, que puede ser español, Barcelona, o no.

En esa tesitura, Ruth Merino ha sido tajante y ha advertido muy seriamente que el Gobierno valenciano «no» va a permitir que «por conseguir los votos para una investidura se ponga en tela de juicio la competitividad e importancia del puerto de todos los valencianos». Pero no sólo ha sido Merino.

La alcaldesa de Valencia la también popular María José Catalá ha señalado también al presidente del Gobierno: «Sánchez no puede convertir Valencia en moneda de cambio para estar en la Mocloa», ha dicho tras mostrar su preocupación por las exigencias de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y «las presiones» que recibe «el PSOE para paralizar y frenar la ampliación norte del puerto de Valencia». Catalá ha agregado que Sánchez «no puede vender Valencia al precio que él quiera».

Catalá ha ido aún más allá. Y ha sido contundente a la hora de mostrar el apoyo del PP y de todas las administraciones de las que está al frente al puerto de Valencia: «Puedo hablar por el presidente de la Generalitat y el presidente de la Diputación y por el presidente de mi partido a nivel nacional, no vamos a tolerar que Valencia sea motivo de negociación para nada, ni para Junts ni para ERC».